El fin de la inflación: EL PLAN

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El plan abraza un audaz recorte en los gastos del sector público y ofrece una solución contundente para resolver la abultada deuda en el Banco Central. La emisión monetaria sin respaldo sería eliminada por completo, otorgando a Argentina una moneda sólida para el ahorro.

Los principales asesores económicos de Javier Milei, incluyendo a Carlos Rodríguez, Darío Epstein y Emilio Ocampo, han expresado su apoyo entusiasta a la propuesta que busca abolir el Banco Central y poner fin al peso como herramienta de devaluación sistemática que afecta el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Este programa abarca múltiples aspectos, atacando tanto la cuestión monetaria como la fiscal para garantizar una política económica coherente. La eliminación del peso como moneda principal (reemplazándolo por el dólar) podría llevarse a cabo en un plazo de 9 a 24 meses, y una vez completado este proceso, se avanzaría hacia la abolición total del Banco Central en su forma actual.

La reforma desde la perspectiva monetaria

El director de Research for Traders, Darío Epstein, ha rechazado enfáticamente la posibilidad de un «plan bónex» y asegura que la propuesta de La Libertad Avanza no involucra la ruptura de contratos previamente acordados. También descarta la necesidad de una hiperinflación para llevar a cabo esta propuesta, una crítica común entre economistas de otros partidos.

El núcleo principal de la propuesta monetaria se centra en la reestructuración del Banco Central, liquidando sus activos para hacer frente a sus pasivos. Este paso es esencial para considerar la eventual eliminación de la institución.

Para llevar a cabo este proceso, se propone un rescate inicial que se enfocará en el dinero en circulación en pesos en la economía. A partir de ahí, se avanzará gradualmente en la reestructuración de los distintos agregados monetarios. Para garantizar una tasa de cambio de conversión razonable, será necesario reestructurar primero la deuda remunerada del Banco Central. La propuesta de Emilio Ocampo y Nicolás Cachanosky ofrece una solución en este sentido.

Se sugiere la creación de un fideicomiso con legislación extranjera, que emitirá nuevos bonos a corto plazo para rescatar los pasivos del Banco Central. Estos bonos estarán respaldados por los títulos acumulados de la institución, como las Letras Intransferibles y los Adelantos Transitorios, además de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES y una cierta participación accionaria de YPF. Incluso se está considerando la posibilidad de utilizar recursos fiscales como garantía.

Esta maniobra permitiría al Banco Central obtener los dólares necesarios para hacer frente a todos sus pasivos. Emilio Ocampo ha sido designado para liderar y administrar este proceso, con la promesa de poner fin a la institución una vez que se complete. Esto podría hacerlo el último presidente del Banco Central desde su fundación en 1935.

La reforma desde la perspectiva fiscal

La parte fiscal de la reforma es igualmente crucial para garantizar la coherencia del programa económico de Milei. Un anclaje fiscal sólido es necesario para detener de inmediato cualquier nueva asistencia monetaria al Tesoro, incluyendo la asistencia directa y las compras de bonos del gobierno. Además, el ajuste debe ser creíble para eliminar cualquier especulación sobre la dominancia fiscal en el futuro.

Para lograr esto, se propone un ajuste inicial equivalente al 5% del Producto Interno Bruto (PBI) para el año fiscal 2024, uno de los recortes más ambiciosos en la historia argentina para un período de 12 meses. Con el tiempo, se plantea ampliar el ajuste hasta un 15% del PBI, considerando no solo el ámbito nacional sino también a las provincias y municipios, ya que en conjunto el Estado representa más del 42% del PBI.

El ajuste inicial del Estado nacional, que representa un poco más del 22% del PBI, se explicará mediante las siguientes medidas:

1. La privatización del sistema de obra pública, avanzando hacia un sistema de iniciativa privada similar al de Chile. Esto equivale al 1.6% del gasto nacional.
2. Un programa de privatización de las empresas estatales, que ahorraría un déficit operativo de alrededor del 0.7% del PBI, ascendiendo al 1.2% del PBI si se suman las contribuciones figurativas.
3. Recortes en las transferencias discrecionales a las provincias, una partida que algunos economistas estiman en el 0.7% del PBI cada año.
4. Eliminación de los subsidios económicos a las tarifas de servicios públicos. Solo los destinados a energía y transporte ascienden al 2.6% del PBI, pero también existen subsidios a la industria, producción primaria y las comunicaciones, con un margen para recortar alrededor del 1% del PBI.

Siguiendo estos lineamientos, el ajuste fiscal inicial del 5% del PBI es factible. Además, las privatizaciones no solo tienen el potencial de eliminar el flujo de déficit que el sector público debe cubrir anualmente, sino que también generan activos a través de las ventas, que pueden destinarse al pago de obligaciones o emplearse de diversas maneras.

En la década de 1990, los ingresos por privatizaciones promediaron el 1% del PBI, lo que demuestra su capacidad para generar ingresos significativos. Esta propuesta presenta una visión audaz para resolver los problemas económicos de Argentina y restaurar la estabilidad financiera. Como dijo una vez Friedrich Hayek, «La política económica debe tener como objetivo la restauración de la confianza, que es el ingrediente esencial de cualquier sistema económico saludable».

¡VIVA LA LIBERTAD!